El 16 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro entró a la plaza de Cajamarca con 168 soldados y capturó al emperador inca Atahualpa sin combate. El ejército inca que rodeaba la ciudad superaba los 40.000 guerreros. En cuestión de horas, el Imperio más extenso del continente americano tenía a su gobernante prisionero en un cuarto de adobe.
Lo que Atahualpa ofreció a cambio de su libertad fue el trato más extraordinario en metales preciosos que registra la historia documentada. Y también el más inútil: el rescate se pagó en su totalidad. Pizarro lo ejecutó de todas formas.
El cuarto y la promesa
Según los cronistas presentes —entre ellos Pedro Pizarro, primo del conquistador, y Miguel de Estete, que escribió un relato de primera mano— Atahualpa extendió el brazo hacia la pared de la habitación donde estaba detenido y trazó una línea con el dedo. Prometió llenar la sala hasta esa marca con objetos de oro. La sala medía aproximadamente 6,7 metros de largo por 5,2 de ancho. La línea quedó a unos 2,4 metros de altura.
Además ofreció llenar dos veces esa misma sala con objetos de plata.
Pizarro aceptó. Se firmó un contrato. Notarios reales dieron fe del acuerdo. Atahualpa envió emisarios a Cusco, Pachacamac, Huamachuco y decenas de templos distribuidos por todo el Tahuantinsuyo con una instrucción clara: traer oro.
La logística del pago
Durante los meses siguientes llegaron a Cajamarca caravanas continuas cargando vasijas, estatuillas, placas, revestimientos arrancados de paredes de templos y piezas de ajuar ceremonial. El Coricancha —el templo del Sol en Cusco, cuyas paredes interiores estaban recubiertas de láminas de oro— fue parcialmente desmantelado. Los cronistas describían llamas cargadas con fardos de metal llegando por los caminos del Inca desde todas las direcciones.
El inventario final, registrado por escribanos reales en junio de 1533, calculó entre 11 y 13 toneladas de oro y alrededor de 26 toneladas de plata. El valor estimado en moneda de la época rondaba los dos millones de pesos de oro —una suma que equivalía a varios años de ingresos totales de la Corona española.
La mayor parte de las piezas no llegó a España como orfebrería. Fueron fundidas en el acto en Cajamarca, convertidas en lingotes numerados y pesados ante notario. De los objetos originales —muchos de ellos piezas únicas de artesanía inca de siglos de antigüedad— no sobrevivió prácticamente nada. Los cronistas mencionan que algunos soldados rechazaron fundir ciertas piezas por su belleza, pero son excepciones. El grueso fue metal pesado en barras.
El quinto real y la distribución
Antes de repartir el botín, se separó el quinto real: el 20% de todo lo obtenido que correspondía por ley a la Corona. Ese porcentaje fue enviado a Carlos I en galeones que partieron hacia España. Una parte llegó. Parte naufragó. Algunos de esos galeones siguen en el fondo del Atlántico.
El resto fue distribuido entre los soldados según rango. A cada jinete le correspondieron 90 libras de oro y 180 de plata. A cada infante, la mitad. Los capitanes recibieron proporciones mayores. Pizarro tomó para sí, además de su parte, el trono de oro de Atahualpa —una pieza que pesaba 83 libras— como botín de guerra personal.
Hernando Pizarro, hermano de Francisco, viajó a España con la primera remesa del quinto real. Fue la primera vez que la corte europea vio en cantidad los metales americanos. Carlos I ordenó que algunas piezas fueran exhibidas antes de fundirse. Los cronistas europeos que las vieron antes de la fundición describieron trabajos de orfebrería que, en su opinión, superaban todo lo producido en Europa hasta entonces. Fueron fundidos de todas formas.
El juicio y la ejecución
Atahualpa cumplió su parte del trato. La sala estaba llena. El rescate había sido pagado, pesado y distribuido. En ese momento, Pizarro enfrentó un problema político: liberar a Atahualpa significaba devolverle el control sobre un ejército de decenas de miles de guerreros en territorio desconocido, con 168 soldados españoles sin refuerzos.
La solución fue un juicio. En julio de 1533, Atahualpa fue acusado formalmente de doce cargos: idolatría, poligamia, malversación del tesoro del Imperio y —el más grave— haber ordenado en secreto la movilización de su ejército para atacar a los españoles. Este último cargo nunca fue probado. Varios soldados españoles presentes protestaron públicamente contra el proceso, considerándolo una farsa. El juicio duró días. La sentencia fue muerte en la hoguera.
Atahualpa pidió el bautismo para evitar la quema —los cristianos eran enterrados, no quemados. Fue bautizado con el nombre de Juan de Atabalipa. La condena fue conmutada de hoguera a garrote. El 26 de julio de 1533 fue estrangulado en la plaza de Cajamarca ante la totalidad del ejército español y miles de testigos indígenas.
Lo que quedó
La sala del rescate fue demolida durante la Colonia. No quedan restos. Los únicos registros son los inventarios notariales de 1533, conservados en el Archivo General de Indias en Sevilla, y los relatos de los cronistas que estuvieron presentes.
De las toneladas de orfebrería inca que ingresaron a esa sala, la cantidad exacta que sobrevivió como objeto sin fundir se puede contar con los dedos de una mano. La mayor parte del patrimonio artístico del Tahuantinsuyo —siglos de trabajo en metales, piezas únicas sin equivalente— fue convertida en barras numeradas en el transcurso de semanas. La operación fue sistemática, documentada y completamente irreversible.
El contrato de rescate, con la firma de los notarios y el compromiso de Pizarro, sigue existiendo en Sevilla. Es uno de los documentos más anómalos de la historia de las conquistas: prueba escrita de un acuerdo cumplido y de una ejecución de todas formas.
Imagen: Retrato de Atahualpa, XIV Inca, de la serie "14 retratos de reyes incas" (siglo XVIII, escuela cuzqueña). Brooklyn Museum, Nueva York. Dominio público.
Fuente original: Archivo General de Indias — Portal de Archivos Españoles
